El Gobierno de Pedro Sánchez ha comunicado a sus socios europeos que España no aceptará la incorporación de nuevas lenguas oficiales vinculadas a futuras ampliaciones de la Unión Europea mientras siga bloqueada la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. Exteriores eleva así la presión sobre los Veintisiete ante una petición presentada por España en 2023 que todavía no reúne la unanimidad necesaria.
La oficialidad del catalán entra en la negociación sobre la ampliación
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido vincular dos asuntos que hasta ahora avanzaban por vías diferentes. Según fuentes del departamento citadas por distintos medios digitales, España no aceptará nuevas lenguas oficiales en la Unión si antes no se aprueba la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego.
La advertencia afecta al régimen lingüístico que acompañará a futuras ampliaciones comunitarias. La entrada de nuevos Estados puede implicar también el reconocimiento de otros idiomas, que se sumarían a las 24 lenguas oficiales existentes actualmente en la UE. El Ejecutivo sostiene, al mismo tiempo, que España continúa apoyando la incorporación de nuevos países.
La posición anunciada por Exteriores no plantea expresamente bloquear su adhesión, sino condicionar la aceptación española de nuevas lenguas comunitarias a que los Veintisiete resuelvan primero la petición pendiente de España. El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ya había relacionado ambas cuestiones. El Gobierno pretende ahora trasladar formalmente el asunto al próximo Consejo de Asuntos Generales.
El obstáculo de la unanimidad en la Unión Europea
La petición española tiene un origen político concreto. España solicitó formalmente en agosto de 2023 que el catalán, el euskera y el gallego adquirieran el mismo estatus comunitario que las restantes lenguas oficiales de la Unión.
La iniciativa llegó durante las negociaciones posteriores a las elecciones generales y el impulso de la oficialidad del catalán en la UE formó parte de los compromisos adquiridos por el PSOE con Junts en aquel periodo. Desde entonces, el Gobierno ha mantenido la cuestión entre sus prioridades diplomáticas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido públicamente que la medida acabará consiguiendo los apoyos necesarios.
El principal obstáculo no ha cambiado. La modificación del régimen lingüístico comunitario necesita la unanimidad de los Veintisiete. Un solo Gobierno puede impedir que salga adelante. España no ha conseguido hasta ahora ese respaldo y ha evitado llevar la propuesta a una votación definitiva sin garantías de éxito. Más de tres años después de presentar la solicitud, la oficialidad de las tres lenguas continúa pendiente.
Alemania mantiene reservas sobre el catalán, euskera y gallego
La nueva presión española llegará al Consejo de Asuntos Generales previsto para el 22 de septiembre, donde el Ejecutivo podrá volver a situar el debate lingüístico sobre la mesa. No se espera inicialmente una decisión definitiva. La oficialidad del catalán y las otras dos lenguas cooficiales ya encontró importantes resistencias entre los socios comunitarios. En julio de 2025, alrededor de una decena de Estados mantenían objeciones ante la iniciativa española.
Alemania figuró entre los países con mayores reservas. Las dudas planteadas entonces afectaban, entre otras cuestiones, a las consecuencias jurídicas de modificar el régimen lingüístico y al precedente que podría representar para otras lenguas utilizadas dentro de distintos Estados miembros. Las reticencias alemanas tampoco habían desaparecido meses después. Tras una reunión entre Albares y su homólogo alemán, el Ministerio de Exteriores germano reiteró que seguían existiendo dudas sobre la propuesta.
El Ejecutivo español defiende que el caso del catalán, el euskera y el gallego presenta características propias. Argumenta que las tres lenguas tienen reconocimiento dentro del ordenamiento constitucional español y recuerda su utilización en las Cortes Generales bajo determinadas condiciones, gracias al gasto público en los famosos pinganillos. España también ha traducido a estos idiomas tratados comunitarios y parte de la legislación europea. El Gobierno utiliza esos antecedentes para defender ante sus socios que su reconocimiento no debería aplicarse automáticamente a cualquier otra lengua regional europea.
El coste de la oficialidad del catalán, hasta 132 millones para las tres lenguas
El impacto económico también forma parte de las negociaciones. Para intentar despejar las reservas de otros Estados, España ha ofrecido asumir los gastos adicionales derivados de incorporar las tres lenguas al funcionamiento comunitario. La Comisión Europea realizó una estimación de alrededor de 132 millones de euros anuales para el conjunto del catalán, el euskera y el gallego, utilizando como referencia el despliegue realizado con el gaélico.
La cifra constituye una estimación y no un gasto que se esté produciendo actualmente, ya que la propuesta española sigue sin aprobarse. El Gobierno también ha planteado una aplicación gradual de la medida. La fórmula presentada a los socios europeos en la primavera de 2025 contemplaba una oficialidad parcial a partir de 2027.
Durante esa primera fase solo se traducirían determinados reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo. Según los datos utilizados para defender la propuesta, estos documentos representaron aproximadamente un 3% del total de actos jurídicos de la anterior legislatura comunitaria. Con esta fórmula, Exteriores pretende reducir inicialmente la carga administrativa que supondría la oficialidad de las tres lenguas y facilitar un acuerdo entre los Estados.
El Gobierno de Sánchez pretende chantajear a la Unión Europea
Exteriores advierte de que no aceptará que futuras ampliaciones incorporen otras lenguas al régimen oficial comunitario mientras siga pendiente la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. El Ejecutivo mantiene que esta posición es compatible con su apoyo a la ampliación de la Unión Europea. También defiende que el reconocimiento de las lenguas favorece el sentimiento de pertenencia de los ciudadanos a las instituciones comunitarias.
La decisión final, sin embargo, no depende únicamente de España. El Gobierno necesita convencer a todos los Estados miembros y las reservas expresadas durante los últimos años demuestran que ese consenso todavía no está garantizado. El próximo Consejo permitirá comprobar si la nueva estrategia de Exteriores consigue mover posiciones. Si los países reticentes mantienen sus objeciones, la oficialidad del catalán seguirá sin superar el requisito que la mantiene bloqueada desde 2023: la unanimidad europea.
