La inseguridad vuelve a golpear al personal sanitario de Ceuta. Varias enfermeras del Hospital Universitario han sufrido una nueva agresión mientras desempeñaban su trabajo, un incidente que obligó a movilizar a la Policía Nacional para auxiliar a las profesionales. Las afectadas han anunciado que denunciarán al presunto agresor ante la Justicia.
Los sanitarios de Ceuta ligan la agresión a dos enfermeras del hospital a la "drástica" retirada de las patrullas militares.
El episodio se produce después de que se retiraran los militares que vigilaban el perímetro del centro hospitalario, una medida que ha generado preocupación entre los trabajadores. El sindicato CSIF, que identifica al presunto agresor como una persona no residente en Ceuta, ha calificado la retirada de la vigilancia como una decisión «precipitada e irresponsable» y ha ofrecido a las enfermeras asistencia jurídica y apoyo psicológico.
No se trata de un incidente aislado. El pasado 17 de octubre, un paciente marroquí mordió en un brazo a un celador mientras trabajaba en el mismo hospital. El empleado sufrió un hematoma y tuvo que recibir atención sanitaria.
La sucesión de episodios vuelve a poner sobre la mesa las condiciones en las que trabajan los profesionales sanitarios de la ciudad. En agosto, SATSE trasladó a la Inspección de Trabajo sus quejas por la falta de refuerzos y las jornadas extraordinarias. El Colegio Oficial de Enfermería también reclamó al Ministerio de Sanidad la activación del nivel 2 del Plan de Actuación ante Catástrofes para reforzar los recursos. Médicos de Urgencias llegaron a advertir por escrito de que «no podemos más».
Tres meses después de la entrada masiva, siguen las reclamaciones
La situación se enmarca en la presión que soporta Ceuta desde la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos a finales de julio. Según los datos difundidos por el Gobierno de la ciudad, hay 3.626 menores acogidos, frente a una capacidad ordinaria de 29 plazas. El Ejecutivo local también cifra en unas 7.500 las personas alojadas en campamentos habilitados por el Gobierno central y estima que otras 3.000 o 4.000 podrían permanecer fuera de esos recursos.
El Gobierno de Juan Jesús Vivas denuncia que no se han producido devoluciones por el procedimiento administrativo ordinario ni repatriaciones de menores desde aquella entrada. A la vez, distingue esa situación de los 13.215 retornos voluntarios y las 608 expulsiones que contabiliza.
Mientras tanto, la retirada progresiva de las patrullas militares —que, según las fuentes citadas por OKDIARIO, pasaron de cuatro a dos soldados— vuelve a generar preguntas sobre las medidas de protección en una ciudad que continúa afrontando las consecuencias de aquella crisis.
