La investigación judicial sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio amenaza con abrir un nuevo frente para el Gobierno de Pedro Sánchez. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, podría incurrir en un delito de omisión del deber de perseguir delitos si se demuestra que tuvo conocimiento de posibles actuaciones delictivas relacionadas con la intervención de las autoridades marroquíes y no actuó para promover su investigación.
Así lo advierte Jaime de la Figuera, penalista de Fuster-Fabra Abogados, en declaraciones a Artículo14. El especialista apunta al artículo 408 del Código Penal, que contempla penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años para las autoridades o funcionarios que, faltando a sus obligaciones, dejen intencionadamente de perseguir delitos de los que tengan conocimiento.
Declaración de Miguel Lobo
La advertencia jurídica llega después de la declaración del teniente coronel de la Guardia Civil Miguel Lobo ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón. Según la información publicada por Artículo14, el mando relató que el Servicio Marítimo realizó varias llamadas al Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil de Ceuta para informar de lo que estaba ocurriendo en el mar durante la llegada masiva de inmigrantes.
El testimonio incorpora un elemento especialmente relevante: la presencia de autoridades marroquíes que, según lo declarado, estaban dando órdenes durante aquellos acontecimientos. Lobo también habría solicitado instrucciones a la Delegación del Gobierno sin recibir respuesta.
La actuación de Marruecos, en el centro de la investigación
La investigación trata de esclarecer qué ocurrió durante aquellas jornadas y qué papel desempeñaron las autoridades marroquíes. Según el relato recogido por Artículo14, efectivos de la Marina Real marroquí habrían recogido a inmigrantes del agua para volver a lanzarlos al mar, donde intervenía Salvamento Marítimo español.
A estas declaraciones se suma el testimonio del jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Lorenzo Juan Fages, quien aseguró haber visto a gendarmes marroquíes dirigiendo a la multitud hacia la frontera.
El Gobierno, por su parte, ha defendido desde el comienzo de la invasión la colaboración con Marruecos y ha atribuido la entrada masiva, entre otros factores, a la actuación de las mafias. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, también ha mantenido esa línea de defensa de la cooperación bilateral.
La cuestión que ahora cobra relevancia judicial es si los responsables españoles conocían con suficiente antelación los hechos denunciados, qué información recibieron y qué decisiones adoptaron.
La responsabilidad no es automática
El penalista consultado por Artículo14 subraya que la eventual responsabilidad dependerá de lo que consiga acreditar la investigación. No basta con que se produjera una avalancha ni con que existieran comunicaciones entre los cuerpos policiales y las autoridades: habría que demostrar los elementos exigidos por el artículo 408, incluido el conocimiento de delitos concretos y la omisión intencionada del deber de perseguirlos.
La juez María Tardón continúa tomando declaración a responsables políticos y mandos policiales para reconstruir la cadena de decisiones durante la crisis. Si la investigación concluyera que existen indicios de delito contra un ministro, la eventual responsabilidad penal tendría que dirimirse por los cauces judiciales correspondientes, incluida la competencia del Tribunal Supremo cuando proceda.
Ceuta sigue esperando respuestas sobre una de las mayores crisis migratorias vividas en la ciudad. La investigación deberá determinar quién sabía qué, cuándo lo supo y si las decisiones adoptadas estuvieron a la altura de la gravedad de los acontecimientos.
