El Partido Popular acepta las principales exigencias de Vox en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2026. El acuerdo incorpora la prohibición del uso del burka y el niqab en numerosos espacios públicos, endurece los requisitos para acceder a determinadas prestaciones sociales e introduce nuevas medidas en materia de inmigración.
PP y Vox prohíben el burka en distintos espacios públicos de la Comunidad Valenciana. La medida, aprobada este lunes en la Comisión de Hacienda de Les Corts mediante las enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2026, supone uno de los principales acuerdos alcanzados entre ambas formaciones para sacar adelante la norma y consolida el entendimiento parlamentario entre populares y voxistas.
Aunque el texto no menciona expresamente el burka ni el niqab, sí establece la obligación de mantener «el rostro sustancialmente descubierto» en diferentes ámbitos dependientes de la Administración autonómica. La modificación afectará a centros educativos, centros sanitarios, transporte público autonómico, espectáculos públicos y otros servicios gestionados por la Generalitat.
La misma obligación se extenderá a los empleados públicos de la Comunidad Valenciana. El texto aprobado establece que el personal funcionario deberá mantener el rostro visible durante la jornada laboral y en la atención al ciudadano para garantizar la correcta identificación de las personas y reforzar la seguridad en las dependencias públicas.
PP y Vox prohíben el burka como parte del pacto presupuestario
La prohibición forma parte del acuerdo político alcanzado entre el Partido Popular y Vox para aprobar tanto los Presupuestos de la Generalitat como la Ley de Acompañamiento. Los populares han aceptado prácticamente todas las condiciones planteadas por la formación de Santiago Abascal en materia de inmigración, ayudas sociales y función pública.
El pacto también introduce un endurecimiento de los requisitos para acceder a determinadas prestaciones públicas. Entre las modificaciones aprobadas figura el aumento del tiempo de empadronamiento exigido para solicitar ayudas como la Renta Valenciana de Inclusión, además de reforzar el denominado principio de prioridad nacional en el acceso a determinadas prestaciones sociales.
Estas medidas habían sido reclamadas por Vox durante la negociación presupuestaria y finalmente han recibido el respaldo del Grupo Popular.
Seguridad e identificación como argumentos
Tanto PP como Vox han defendido la reforma alegando motivos de seguridad y de correcta identificación de las personas en espacios públicos. Según ambas formaciones, mantener el rostro visible facilita la prestación de servicios públicos y evita problemas de identificación tanto en edificios oficiales como en centros educativos o sanitarios.
Los dos partidos también sostienen que la medida pretende proteger a aquellas mujeres que pudieran verse obligadas a utilizar prendas que cubren completamente el rostro por motivos ajenos a su voluntad.
Frente a esta posición, PSPV y Compromís han criticado tanto el contenido de las enmiendas como el procedimiento utilizado para aprobarlas. Los grupos de la oposición consideran que se han introducido modificaciones legislativas de gran relevancia aprovechando la tramitación de la Ley de Acompañamiento y sin recabar previamente informes de órganos consultivos como la Abogacía de la Generalitat o el Consell Jurídic Consultiu.
Un acuerdo que refuerza la alianza entre populares y voxistas
La aprobación de estas enmiendas vuelve a poner de manifiesto la sintonía parlamentaria entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana. Después de sacar adelante los Presupuestos autonómicos para 2026, ambas formaciones han ampliado su colaboración incorporando cambios legislativos que afectan a la inmigración, la función pública, el acceso a ayudas sociales y el uso del burka y el niqab en espacios públicos.
Con este nuevo acuerdo, el Gobierno valenciano da un paso más en una política de mayor control sobre el acceso a prestaciones públicas y de endurecimiento de determinadas medidas relacionadas con la inmigración, mientras Vox consolida buena parte de su agenda política dentro de la acción legislativa de la Generalitat.
