El presidente deja vacía su agenda oficial durante un mes
Pedro Sánchez permanecerá cuatro semanas de vacaciones y no retomará su agenda oficial hasta el próximo 25 de agosto, en un momento marcado por la grave situación provocada por los incendios forestales que afectan a distintos puntos de España. El presidente del Gobierno pone así fin a la actividad institucional tras el último Consejo de Ministros del curso político, dejando en pausa varios asuntos clave que deberán retomarse tras el verano.
La reunión del Ejecutivo ha servido para aprobar diversas medidas de carácter social y de respuesta a las emergencias, aunque también ha evidenciado las dificultades parlamentarias del Gobierno al verse obligado a retirar uno de sus proyectos más importantes: el decreto de vivienda, que Moncloa pretendía convertir en una de las principales iniciativas antes del parón estival.
El Gobierno aplaza la reforma del mercado del alquiler por falta de apoyos
La reforma del mercado del alquiler no logró reunir los apoyos necesarios en el Congreso, lo que obligó al Ejecutivo a posponer su aprobación hasta el mes de septiembre para evitar una nueva derrota parlamentaria.
El texto contemplaba una batería de medidas destinadas a intervenir el mercado inmobiliario, entre ellas la posibilidad de congelar los alquileres durante dos años para quienes lo solicitaran antes del 30 de junio de 2028. Además, pretendía equiparar los contratos de alquiler por habitaciones a los de vivienda habitual, endurecer la regulación en las denominadas zonas tensionadas e introducir nuevas modificaciones fiscales dirigidas a los propietarios.
Pese al acuerdo alcanzado inicialmente entre los socios de coalición, las negociaciones con el resto de grupos políticos terminaron bloqueando definitivamente la iniciativa.
Las diferencias entre los socios parlamentarios impidieron sacar adelante el decreto
Las discrepancias entre las distintas fuerzas políticas resultaron determinantes para el fracaso de la reforma. Podemos exigió eliminar del texto todas las referencias relacionadas con la Ley del Suelo, mientras que el PNV defendió mantener esos artículos para reforzar la seguridad jurídica en materia urbanística.
A estas diferencias se sumaron las negociaciones sobre las bonificaciones fiscales pactadas para intentar atraer el respaldo de Junts, unas modificaciones que tampoco lograron desbloquear la situación. Finalmente, el Ejecutivo asumió que no existía una mayoría suficiente y optó por aplazar la votación hasta después del verano.
El Consejo de Ministros aprueba ayudas para los afectados por los incendios
Mientras la reforma de la vivienda quedaba aparcada, el Gobierno sí dio luz verde a la declaración de zonas gravemente afectadas por los incendios forestales registrados durante las últimas semanas.
Esta figura permitirá activar distintas líneas de ayudas públicas destinadas a los damnificados, incluyendo compensaciones para viviendas dañadas, indemnizaciones por pérdida de enseres y subvenciones para reparar elementos comunes en edificios afectados por el fuego.
Asimismo, el Ejecutivo aprobó una prestación extraordinaria destinada a trabajadores y empresas perjudicados por catástrofes de gran magnitud. El mecanismo contempla la cobertura de las cotizaciones sociales y busca garantizar protección tanto a quienes no puedan acudir a su puesto de trabajo como a las empresas obligadas a suspender temporalmente su actividad debido a una emergencia.
Nuevas medidas contra la corrupción y protección para denunciantes
Durante la reunión también recibió el visto bueno el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, una iniciativa anunciada por Pedro Sánchez el pasado mes de febrero y que forma parte del paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo.
Junto a esta norma, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo marco de protección para los trabajadores que denuncien casos de corrupción o irregularidades dentro de sus empresas, con el objetivo de impedir que puedan sufrir despidos o cualquier tipo de represalia como consecuencia de sus denuncias.
Moncloa ya prepara el último tramo de la legislatura y estudia elecciones en 2027
Con el presidente ya de vacaciones, el Gobierno trabaja internamente en la estrategia política para afrontar los últimos meses de la legislatura.
Según fuentes del Ejecutivo, el otoño estará marcado por una intensa agenda internacional, con citas como la Asamblea General de Naciones Unidas, la Cumbre Iberoamericana que acogerá Madrid, la COP31 y la reunión del G20. Paralelamente, Moncloa intentará volver a presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, aunque reconoce las dificultades para conseguir el respaldo parlamentario necesario.
En el Ejecutivo también se manejan distintos escenarios sobre la convocatoria de las próximas elecciones generales. La opción que actualmente gana peso pasa por celebrar los comicios entre febrero y marzo de 2027, descartando hacerlos coincidir con las elecciones autonómicas y municipales previstas para el mes de mayo.
En ese nuevo calendario político, el decreto de vivienda aplazado este martes volverá previsiblemente al primer Consejo de Ministros de septiembre, una vez concluido el periodo vacacional del presidente del Gobierno.
