El Gobierno de Pedro Sánchez ultima un segundo decreto de vivienda que endurece aún más las obligaciones de los propietarios particulares. La norma, que se suma al ya aprobado con el caso Maricarmen como bandera, prevé que el arrendador que decida no prorrogar el contrato de alquiler a la finalización del periodo obligatorio tendrá que indemnizar al inquilino con una cantidad equivalente, como mínimo, a doce mensualidades de renta.
Contratos que se convierten en indefinidos de facto
El nuevo texto establece que, tras el periodo inicial y sus prórrogas obligatorias —de cinco años para propietarios particulares y siete para grandes tenedores—, los contratos se renovarán de forma automática salvo que alguna de las partes comunique lo contrario: el propietario con seis meses de antelación y el inquilino con dos. Si el propietario incumple ese plazo o decide no renovar sin causa justificada, deberá afrontar la indemnización, calculada según el sistema estatal de referencia de valores de alquiler y con un mínimo de una mensualidad por cada año de ocupación.
Las únicas excepciones que libran al propietario de pagar
El decreto contempla un listado cerrado de excepciones en las que el propietario queda exento de indemnizar: que necesite la vivienda para uso propio o de un familiar hasta segundo grado, que el inquilino lleve más de seis meses sin ocupar la vivienda sin causa justificada, que ya disponga de otra vivienda adecuada en el mismo municipio, que exista un nuevo acuerdo entre ambas partes, que sea el propio inquilino quien rechace la propuesta de renovación, o que el propietario acredite una situación de vulnerabilidad económica. Ni siquiera la venta del inmueble libra al propietario de la obligación: si vende la vivienda alquilada, la indemnización pasa a ser responsabilidad del nuevo comprador.
Desahucios suspendidos hasta 2030 y mano libre para los okupas
El decreto original, ya aprobado, incluye además la suspensión de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030. Una de las cláusulas más polémicas obliga a los jueces a paralizar los procedimientos, con independencia de que exista sentencia firme, cuando la entidad que ejecuta el desahucio haya comprado el inmueble "por debajo del 70% de su valor de tasación", una fórmula que en la práctica blinda a un amplio número de ocupantes frente al desalojo, en línea con lo que ya adelantó LaBandera.
El Estado, avalista de los impagos en los pequeños propietarios
Para los propietarios con menos de diez viviendas, el decreto traslada a las comunidades autónomas la obligación de cubrir los impagos de los inquilinos, con el compromiso de que sea después el Estado quien reembolse ese gasto a las autonomías. Se trata de un mecanismo que, según fuentes del sector inmobiliario, complica aún más la seguridad jurídica de quienes ponen una vivienda en alquiler, en un mercado que ya arrastra una caída de 300.000 viviendas en oferta desde la llegada de Sánchez a la Moncloa, tal y como ha documentado este periódico.
Incentivos fiscales que no compensan la nueva carga regulatoria
Como contrapartida, el Gobierno incluye deducciones fiscales de hasta el 100% en el IRPF para los propietarios que bajen el precio del alquiler un 5%, además de una desgravación del 10% para los inquilinos que ganen menos de 33.007 euros anuales. Pero para buena parte del sector, estas ventajas fiscales resultan insuficientes frente al riesgo de tener que asumir indemnizaciones de doce mensualidades por no renovar un contrato, un desincentivo que, lejos de animar a sacar más vivienda al mercado, podría acelerar la salida de propietarios particulares del alquiler de larga duración.
Los colectivos de propietarios ya han advertido de que la combinación de indemnizaciones obligatorias, suspensión de desahucios y traslado del riesgo de impago a las comunidades autónomas puede acabar teniendo el efecto contrario al buscado: en lugar de animar a sacar más vivienda al mercado del alquiler de larga duración, podría empujar a más particulares hacia el alquiler turístico o directamente hacia la venta de sus inmuebles, agravando aún más la escasez de oferta que arrastra el mercado español desde hace años.
