Según la FGE , no ofrecen información anterior al 20 de marzo de 2024 y desaparecen pruebas de quebrantamiento de órdenes de alejamiento
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha advertido en su Memoria de 2024 que los fallos en las pulseras telemáticas de maltratadores están provocando sobreseimientos y sentencias absolutorias en distintos juzgados de España. Según el informe, las deficiencias técnicas y retrasos en la sustitución de dispositivos han dejado en situación de desprotección a muchas víctimas.
La FGE denuncia que el centro ha reconocido no poder facilitar información anterior al 20 de marzo de 2024, fecha de la migración a los nuevos aparatos, lo que impide esclarecer incidentes previos y lleva a absoluciones por falta de pruebas.
Protección 'low cost' para las mujeres, cortesía del ministerio 'feminista' de Igualdad
El ministerio de Igualdad cambió de proveedor, provocando, según recoge OK Diario, la pérdida de información sobre el seguimiento telemático de las órdenes de alejamiento. Además, añade el citado medio, los las pulseras baratas adquiridas por el Gobierno (menos de 150 euros -los anteriores costaban 1.500-) son de tan mala calidad que facilita a los delincuentes quitarse los dispositivos y falsear su ubicación.
The Objective, por su parte, recuerda que el servicio elegido para la gestión fue una empresa privada a través del Centro Cometa, encargado de instalar, monitorizar y desinstalar los dispositivos, además de comunicarse con juzgados, Fiscalía y fuerzas de seguridad.
Algunos fallos se detectan por el aviso del propio usuario de la pulsera
Entre las fiscalías más afectadas figuran las de Madrid, Gerona, Granada y Tenerife, que reportan problemas de descarga de datos y retrasos en la sustitución de equipos, muchas veces detectados solo cuando el propio usuario alerta del fallo.
Ante la evidencia de la Fiscalía, la ministra de Igualdad reconoce 'incidencias técnicas' y niega la gravedad del caos
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, reconoció “incidencias técnicas” durante el cambio de contrato entre dos empresas, pero aseguró que se resolvieron de inmediato y que “el sistema funciona, funciona mejor, y protege a las mujeres”. Según la ministra, los problemas quedaron atrás desde finales de 2024.
No obstante, la Fiscalía insiste en que la situación no ha sido solucionada completamente y que los retrasos en la remisión de información comprometen la seguridad de las víctimas, algunas de las cuales incluso han pedido en sede judicial la retirada del dispositivo por los trastornos generados.
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