La Guardia Civil alertó al Gobierno, 22 días antes de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, sobre el posible impacto de una reciente sentencia del Tribunal Supremo. Según la información publicada por El Debate, el Instituto Armado advirtió de que la nueva doctrina judicial podía provocar un «efecto llamada» y favorecer un incremento de las entradas ilegales por vía marítima.
El aviso aparece recogido en un informe elaborado por el Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil, fechado el 8 de julio y emitido con membrete del Ministerio del Interior.
En el documento, la Guardia Civil también planteaba al Ejecutivo la necesidad de modificar la Ley de Extranjería para ampliar el ámbito de aplicación del rechazo en frontera en Ceuta y Melilla. El objetivo era que este mecanismo pudiera utilizarse ante cualquier intento de entrada irregular, independientemente de que se produjera mediante el salto de la valla, a nado o por cualquier otra vía.
La advertencia se produjo más de tres semanas antes de que la frontera de Ceuta registrara una entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos.
La Guardia Civil alertó de un posible «efecto llamada» hacia las entradas a nado
El informe tuvo su origen en la sentencia 814/2026 del Tribunal Supremo, dictada el 29 de junio. En ella, el Alto Tribunal determinó que el régimen especial de rechazo en frontera establecido para Ceuta y Melilla únicamente puede aplicarse cuando la persona que intenta acceder a territorio español ha superado elementos físicos de contención fronteriza, como las vallas.
La situación es diferente cuando los inmigrantes son interceptados en el mar mientras intentan alcanzar la costa a nado. En estos casos, según la interpretación recogida en la sentencia, no puede aplicarse directamente el mecanismo especial de rechazo en frontera, sino que debe seguirse el procedimiento ordinario de devolución contemplado en la Ley de Extranjería.
La Guardia Civil consideró que esta diferencia entre ambos procedimientos podía tener importantes consecuencias sobre el control de la frontera. En concreto, el informe advertía de que la nueva doctrina del Supremo podía incrementar la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla y favorecer un «efecto llamada» hacia las entradas por vía marítima.
El Instituto Armado también señalaba que los intentos de acceso a nado presentan una elevada dificultad para ser detectados e interceptados con suficiente antelación, lo que complicaría la respuesta de los agentes.
Cuatro medidas propuestas por la Guardia Civil al Gobierno
El documento remitido al Ejecutivo no se limitaba a advertir sobre los posibles riesgos. La Guardia Civil también planteó varias medidas para reforzar el control fronterizo y hacer frente a un eventual aumento de las llegadas.
Entre las propuestas figuraba el refuerzo del Servicio Marítimo Provincial de Ceuta mediante nuevas comisiones de servicio. Además, se reclamaba incrementar los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) en Melilla para mejorar la capacidad de actuación ante posibles intentos de entrada por el mar.
Otra de las medidas consistía en reforzar los sistemas tecnológicos de vigilancia y detección temprana de la costa. Con ello se pretendía identificar con mayor antelación los intentos de entrada, facilitar la comunicación con las autoridades marroquíes y reducir los riesgos para las personas que participaran en estos intentos.
Sin embargo, la propuesta que podía tener mayor alcance era la modificación de la legislación española en materia de extranjería.
La Guardia Civil pidió modificar la Ley de Extranjería
El Mando de Fronteras y Policía Marítima propuso modificar expresamente la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería con el objetivo de ampliar el régimen de rechazo en frontera aplicable en Ceuta y Melilla.
La modificación planteada buscaba que dicho mecanismo pudiera aplicarse ante cualquier intento de entrada ilegal fuera de los pasos fronterizos habilitados, sin importar el medio empleado para acceder al territorio español, ya fuera por tierra, por mar o mediante cualquier otra vía.
El informe precisaba, además, que cualquier modificación legislativa debería llevarse a cabo respetando la normativa internacional en materia de derechos humanos y protección internacional.
De este modo, la Guardia Civil dejó constancia por escrito de su preocupación ante un posible aumento de la presión migratoria y, al mismo tiempo, trasladó al Gobierno diferentes alternativas para reforzar la respuesta en las fronteras de Ceuta y Melilla.
La advertencia fue formulada antes de la crisis migratoria registrada posteriormente en la frontera ceutí, lo que sitúa el informe de julio como un documento relevante para conocer las previsiones y recomendaciones que manejaba la Guardia Civil antes del incremento de las llegadas.
