La salida de Óscar Puente del Ministerio de Transportes deja tras de sí una larga lista de decisiones que siguen bajo duro análisis. Más allá de las polémicas políticas, diversas informaciones periodísticas han puesto el foco en una cuestión: la utilización de empresas públicas dependientes de Transportes para situar en puestos de responsabilidad a personas vinculadas al PSOE, al entorno del exministro José Luis Ábalos o a determinadas redes internas de poder.
El caso más llamativo se encuentra en ADIF, donde una cadena de nombramientos ha generado acusaciones de nepotismo, endogamia y falta de transparencia en los procesos de selección.
El ascenso de Luis Llamas y el relevo de su pareja en Arabia Saudí
Uno de los episodios que más controversia ha despertado es el protagonizado por Luis Llamas Martínez. Tras dirigir durante años el proyecto del AVE Haramain entre La Meca y Medina, en Arabia Saudí, fue promocionado en 2025 a director general de Planificación, Proyectos y Construcción de ADIF, uno de los puestos de mayor peso dentro de la entidad pública.
Poco después de su ascenso se produjo otro movimiento que levantó suspicacias en el sector ferroviario. Almudena Hernando, pareja de Llamas, fue designada para ocupar precisamente la dirección del mismo proyecto internacional que él acababa de abandonar.
La sucesión directa en el cargo por parte de su pareja provocó críticas internas y externas sobre los mecanismos empleados para cubrir puestos de máxima responsabilidad en una sociedad pública que gestiona miles de millones de euros en inversiones ferroviarias.
El hermano convertido en número dos
La polémica se intensificó cuando, según distintas informaciones, Luis Llamas impulsó posteriormente el nombramiento de su hermano, Juan José Llamas, como número dos de Adif Alta Velocidad.
La concatenación de ascensos dentro del mismo núcleo familiar alimentó las denuncias sobre la existencia de una estructura de poder basada en afinidades personales más que en procesos abiertos de concurrencia competitiva.
Diversos medios especializados en información económica y de infraestructuras han señalado que estos movimientos se produjeron en un contexto de continuos cambios en la estructura directiva de ADIF impulsados durante la etapa de Óscar Puente al frente del Ministerio.
Las “sobrinas” de Ábalos y el caso Ineco
La controversia no se limita a ADIF. Durante los últimos años también han salido a la luz diversas contrataciones en empresas públicas dependientes de Transportes que afectaban a personas relacionadas con el entorno del exministro José Luis Ábalos.
El caso más conocido es el de Jésica Rodríguez en Ineco, empresa pública estatal dependiente del Ministerio de Transportes. Las informaciones publicadas situaron su contratación dentro de un conjunto de incorporaciones que desde ámbitos parlamentarios fueron bautizadas como las “sobrinas” de Ábalos. Ni siquiera iban a trabajar.
Las críticas de la oposición han apuntado a posibles contrataciones realizadas por criterios ajenos al mérito y la capacidad, mientras que las investigaciones periodísticas han tratado de reconstruir los vínculos personales y políticos existentes detrás de esos nombramientos.
Un entramado de empresas bajo la tutela de Transportes
Las empresas públicas vinculadas al ministerio constituyen una de las mayores estructuras empresariales del Estado.
Entre ellas destacan:
- ADIF.
- ADIF Alta Velocidad.
- Renfe Operadora.
- Ineco.
- Aena.
- Puertos del Estado.
- Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT).
Estas entidades gestionan presupuestos multimillonarios, miles de trabajadores y una enorme capacidad de contratación pública, lo que convierte los nombramientos de sus directivos en decisiones de enorme relevancia política.
La responsabilidad política de Óscar Puente
Aunque algunos de los nombramientos cuestionados proceden de etapas anteriores, la oposición sostiene que Óscar Puente no solo mantuvo buena parte de esa estructura, sino que además impulsó cambios en las cúpulas de ADIF y Renfe que, según sus críticos, reforzaron determinadas redes de influencia dentro del sector público ferroviario de políticos del PSOE.
Para PP y VOX, la permanencia de estos perfiles demuestra la existencia de un modelo de control político de las empresas estatales desde el PSOE. Desde el Gobierno de Sánchez, por el contrario, se ha defendido que los nombramientos respondieron a criterios profesionales y a las necesidades de gestión de organizaciones altamente especializadas.
Con la salida de Puente del Ministerio, la atención vuelve a centrarse ahora en la herencia que deja en Transportes y en si las futuras investigaciones internas y periodísticas terminarán aclarando hasta qué punto existieron prácticas de favoritismo en la gestión de las principales empresas públicas ferroviarias de España.
