El PSOE del Sanchismo reparte cargos y sueldos públicos mientras ADIF, Renfe y otras empresas acumulan polémicas, tragedias y desastres. Puro socialismo al más estilo Cuba y Venezuela.
El caso de la enfermera de Murcia Susana Hernández Ruiz vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para el Gobierno de Pedro Sánchez: ¿qué criterios se están utilizando para colocar a los responsables de empresas públicas estratégicas? De nuevo os ofrecemos un INFORME LA BANDERA.
La historia de esta exsenadora socialista murciana, diplomada en Enfermería y antigua trabajadora del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia es uno de los ejemplos que alimentan las críticas sobre la politización de las estructuras empresariales del Estado.
Enchufada en Sainsel
Hernández fue nombrada en octubre de 2020 presidenta de Sainsel Sistemas Navales, una compañía especializada en ingeniería y tecnología para defensa y seguridad naval, participada en un 51% por Navantia y en un 49% por Indra. Antes de llegar a ese puesto había sido concejal y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia y senadora por la Región. Su trayectoria profesional conocida estaba vinculada a la enfermería y a la política, no a la ingeniería naval.
La cuestión no es que una persona con formación sanitaria no pueda asumir responsabilidades de gestión empresarial. El problema que plantean sus críticos es otro: qué experiencia específica y qué criterios profesionales justificaron su elección para dirigir una compañía tecnológica vinculada a programas estratégicos de defensa.
Más de 636.000 euros en seis años
Los datos publicados por Libre Mercado, obtenidos mediante una solicitud de transparencia a la propia empresa, reflejan que Hernández percibió 636.866,48 euros brutos entre octubre de 2020 y diciembre de 2025. Su retribución anual pasó de 94.767 euros en 2021 a 135.014 euros en 2025. A esas cantidades se suman 35.748,96 euros en gastos de representación y desplazamientos durante el periodo analizado.
La evolución económica de Sainsel también ha generado controversia. Según la información publicada por El Debate, la compañía registró pérdidas en 2021, 2022 y 2023. En 2024 volvió a presentar un resultado positivo, aunque la publicación señala que fue posible gracias a una subvención de 373.000 euros del Fondo Europeo de Defensa. El mismo medio apuntó al deterioro de determinados indicadores financieros y al aumento del endeudamiento.
Conviene precisar que estos datos no permiten afirmar, por sí solos, que la empresa esté al borde de la quiebra ni atribuir toda su evolución económica exclusivamente a su presidenta. Sí permiten exigir explicaciones sobre los resultados, la gestión y los criterios de selección de sus máximos responsables.
ADIF y Renfe: el debate llega al corazón del sistema ferroviario
Las últimas informaciones sobre ADIF y Renfe han reabierto el debate sobre la sustitución de perfiles técnicos por personas vinculadas a entornos políticos o profesionales próximos a los responsables del Ministerio de Transportes.
Una investigación publicada por The Objective el 30 de octubre cifra en hasta 28 las sustituciones e incorporaciones directivas producidas en Renfe durante los primeros meses de Álvaro Fernández Heredia al frente de la compañía. Fuentes del sector consultadas por el periódico cuestionan que se haya desplazado a profesionales con experiencia ferroviaria para incorporar perfiles procedentes de otros ámbitos de gestión.
En ADIF también se han publicado informaciones sobre cambios en puestos de responsabilidad y cuestionamientos internos acerca de la idoneidad de determinados nombramientos desde el PSOE. The Objective informó, por ejemplo, de que las competencias de seguridad en la circulación que dependían de un directivo fueron delegadas en otra responsable después de que técnicos cuestionaran la formación y trayectoria del primero.
Y el debate adquiere una dimensión especialmente delicada cuando se trata de organismos que gestionan infraestructuras críticas, seguridad ferroviaria y servicios esenciales. En esos ámbitos, la experiencia técnica, la independencia profesional y la rendición de cuentas no deberían quedar subordinadas a la proximidad política.
Las empresas públicas, el premio del PSOE
El denominador común que denuncian las críticas a estos nombramientos es la utilización de puestos de responsabilidad pública como destinos para antiguos cargos, dirigentes o personas vinculadas a las estructuras de los partidos. En estos casos, a las personas cercanas al PSOE de Pedro Sánchez y Zapatero ZP.
En el caso de Susana Hernández, el Gobierno defendió en su día que el nombramiento de los responsables de empresas públicas es una prerrogativa del Ejecutivo y que se había realizado conforme a la normativa aplicable. Esa respuesta no elimina la obligación de explicar por qué se elige a un determinado perfil para dirigir una empresa especializada.
Los ciudadanos financian estas estructuras y tienen derecho a saber quién las dirige, cuánto cobra, qué experiencia acredita y qué resultados obtiene. Las empresas públicas no son agencias de colocación ni las responsabilidades estratégicas deberían convertirse en una recompensa por los servicios prestados al PSOE.
El caso Sainsel, junto a las controversias en ADIF y Renfe, exige transparencia, criterios profesionales verificables y explicaciones sobre la gestión del dinero público.
