La situación del ciudadano libanés localizado en Ceuta por los servicios de Información de la Policía Nacional ha dado un giro inesperado. Marruecos se ha negado a aceptar su devolución a través de la frontera del Tarajal, frustrando el procedimiento inicialmente previsto para sacar de España a este hombre, al que fuentes policiales relacionan con grupos terroristas y que consiguió entrar irregularmente en territorio español durante la invasión de Ceuta de finales de julio.
El afectado permanece actualmente en Ceuta y está sometido a medidas de control mientras el Ministerio del Interior decide cuál será el siguiente paso. Según la información publicada este domingo por El Faro de Ceuta, debe presentarse todos los martes en la Jefatura Superior de Policía. La posibilidad que se encuentra ahora sobre la mesa pasa por trasladarlo a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para intentar posteriormente su expulsión a su país de origen.
Marruecos frena la devolución
La negativa de Marruecos a aceptar al ciudadano libanés impidió culminar una operación que parecía encaminada a terminar con su salida de Ceuta. Una vez localizado e identificado por la Policía Nacional, las autoridades activaron el procedimiento para conducirlo hasta la frontera del Tarajal y entregarlo a Marruecos.
El problema apareció en el último momento. Las autoridades marroquíes rechazaron hacerse cargo del hombre debido precisamente a que es ciudadano del Líbano y no marroquí, según la información conocida este domingo. De esta forma, la vía elegida inicialmente quedó bloqueada y el afectado continuó en territorio español.
El episodio adquiere especial relevancia por las circunstancias de su entrada. El hombre había llegado desde Marruecos aprovechando la avalancha de finales de julio, pero que hubiera accedido desde territorio marroquí no significa automáticamente que Rabat esté obligado a admitirlo posteriormente. Esa cuestión depende de los mecanismos jurídicos y acuerdos aplicables a cada procedimiento de devolución o expulsión.
Sigue en Ceuta y debe firmar
El resultado inmediato es especialmente llamativo: el ciudadano libanés continúa en la calle en Ceuta, aunque sometido a medidas de control. Debe acudir cada martes a la Jefatura Superior para firmar mientras se determina cómo proceder con su situación administrativa.
La negativa de Marruecos a aceptar al ciudadano libanés deja ahora la decisión en manos del Ministerio del Interior. Una de las opciones contempladas es su ingreso en un CIE, desde donde podrían realizarse las gestiones necesarias para materializar posteriormente su traslado al Líbano.
Conviene distinguir en este punto las distintas figuras jurídicas. Un CIE no es una prisión ni el internamiento supone una condena penal. Se trata de establecimientos de carácter no penitenciario utilizados para asegurar determinados procedimientos de expulsión o devolución de extranjeros, y el internamiento requiere autorización judicial en los supuestos establecidos legalmente.
Por el momento, no ha trascendido públicamente una decisión definitiva de Interior sobre el destino del hombre.
Información lo localizó tras la invasión
El caso comenzó después de que el ciudadano libanés consiguiera atravesar el Tarajal durante la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio. La Policía Nacional inició posteriormente labores para determinar su paradero y esclarecer su situación.
Los servicios policiales terminaron localizándolo en Ceuta. De acuerdo con las informaciones publicadas, las pesquisas desarrolladas posteriormente permitieron a los investigadores establecer una relación del individuo con grupos terroristas, aunque no se han hecho públicos los detalles concretos de esa presunta vinculación, la organización a la que estaría relacionado ni la existencia de una imputación penal por terrorismo en España.
Esa precisión resulta fundamental. Que fuentes policiales sitúen a una persona en el entorno de organizaciones terroristas no equivale a una condena judicial por pertenencia a organización terrorista. Con la información disponible no puede presentarse al ciudadano libanés como terrorista condenado ni atribuirle delitos que no hayan sido establecidos mediante sentencia.
Lo que sí consta en la información publicada es que el caso despertó el interés de los servicios de Información después de su entrada en España.
Él siempre ha defendido su inocencia
La historia tiene además una particularidad. Antes de conocerse estas últimas actuaciones policiales, el propio ciudadano libanés había aparecido públicamente para negar cualquier relación con organizaciones terroristas.
El hombre sostuvo que estaba siendo confundido con otra persona y llegó a presentar denuncias en la Jefatura Superior de Policía después de que su imagen comenzara a circular asociada a individuos relacionados con actividades criminales. En una entrevista concedida al periódico ceutí defendió reiteradamente su inocencia.
Su versión, por tanto, debe formar parte del relato: niega cualquier vinculación con grupos terroristas.
Posteriormente, los servicios de Información continuaron investigándolo y, según las fuentes policiales citadas por el periódico, obtuvieron información que permitiría relacionarlo con ese tipo de organizaciones. Sin embargo, el contenido de esas pesquisas no se ha hecho público y tampoco se conocen elementos suficientes para determinar exactamente en qué consiste esa relación.
La investigación policial y las afirmaciones del afectado ofrecen así dos versiones contrapuestas que deberán resolverse mediante los procedimientos correspondientes.
La avalancha complicó los controles
El caso vuelve a poner el foco sobre las consecuencias de la invasión de Ceuta de finales de julio. Decenas de miles de personas alcanzaron la frontera en cuestión de horas y desbordaron temporalmente la capacidad ordinaria de identificación y control.
El informe elaborado posteriormente por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional sostiene que aquella movilización fue «planificada» y no «espontánea». El documento, remitido a la Audiencia Nacional, recoge además la presencia y actuación de agentes marroquíes uniformados y de paisano durante los acontecimientos, aunque no establece de forma concluyente que el Gobierno de Rabat ordenara políticamente la operación.
Precisamente esa dimensión extraordinaria permitió que numerosas personas accedieran sin pasar por los procedimientos fronterizos habituales. Desde entonces, Policía Nacional y Guardia Civil han desarrollado controles y comprobaciones para localizar a personas sobre las que pesaban antecedentes, prohibiciones de entrada u otras circunstancias relevantes para la seguridad.
El ciudadano libanés fue localizado dentro de esas actuaciones posteriores.
Otro hombre tenía prohibida la entrada
No se trata del primer caso relacionado con terrorismo que emerge entre quienes atravesaron la frontera durante aquellos acontecimientos. A finales de agosto, la Guardia Civil localizó durante un control a otro hombre que también había accedido a Ceuta en aquellas jornadas.
En ese segundo caso existía una diferencia esencial: sobre el individuo pesaba una prohibición de entrada en España relacionada con una condena anterior por un delito vinculado al adoctrinamiento terrorista, según la información publicada entonces.
No deben confundirse ambos expedientes. En aquel caso existía una condena previa vinculada al adoctrinamiento. En el del ciudadano libanés, la información disponible habla de una relación detectada por los servicios policiales con grupos terroristas, sin que hayan trascendido una condena equivalente ni detalles suficientes sobre la naturaleza de esos vínculos.
La aparición de ambos casos, no obstante, explica la importancia que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están dando a las identificaciones posteriores a la entrada masiva.
Interior tiene ahora la decisión
La negativa de Marruecos a aceptar al ciudadano libanés traslada ahora el problema directamente al Ministerio del Interior. La primera vía prevista para sacarlo del territorio español ha quedado bloqueada y las autoridades deberán buscar una alternativa compatible con la legislación de extranjería.
La posibilidad de trasladarlo a un CIE permitiría mantenerlo localizado mientras se tramita una eventual expulsión al Líbano, pero ese proceso tendrá que cumplir las garantías legales correspondientes y dependerá de las decisiones administrativas y judiciales que procedan.
El caso se produce además en un momento especialmente delicado en las relaciones con Rabat. Este mismo domingo, Fernando Grande-Marlaska ha vuelto a defender que la coordinación con Marruecos es «excelente» y ha señalado que el país vecino ha aceptado el retorno de más de 4.000 personas desde agosto.
Precisamente por ello, el rechazo de este expediente concreto adquiere especial notoriedad: mientras continúan las devoluciones de ciudadanos marroquíes, Rabat no ha aceptado hacerse cargo de este hombre de nacionalidad libanesa.
Una devolución frustrada y muchas preguntas
La negativa de Marruecos a aceptar al ciudadano libanés deja finalmente una situación poco habitual: una persona que entró irregularmente desde territorio marroquí durante la invasión de julio, a la que los servicios policiales relacionan con grupos terroristas, continúa en Ceuta después de que no pudiera materializarse su salida por el Tarajal.
Ahora deberá firmar semanalmente en dependencias policiales mientras Interior determina qué hacer con él. El eventual traslado a un CIE y la posterior expulsión al Líbano aparecen como la salida contemplada, pero todavía no se ha comunicado públicamente cuándo podría producirse.
Mientras tanto, queda pendiente una cuestión especialmente relevante: qué información concreta poseen los servicios de Información sobre sus supuestos vínculos con organizaciones terroristas. Sin conocer esos datos ni existir una resolución judicial que permita ir más allá, cualquier responsabilidad penal debe permanecer en el terreno de la investigación y no presentarse como un hecho probado.
