La cuantía figura en una resolución del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicada en el BOE
El Gobierno de España prevé destinar más de 670 millones de euros al sistema de acogida para solicitantes de protección internacional y refugiados durante el periodo comprendido entre julio de 2026 y junio de 2027. La inversión prevista alcanza los 670.458.917 euros, según recoge una resolución publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Estos recursos se gestionarán a través del sistema de acción concertada, un modelo mediante el cual entidades autorizadas serán las encargadas de administrar las plazas de acogida y los servicios financiados con fondos públicos.
Financiación europea para reforzar el sistema de acogida
Una parte de la financiación podrá proceder de instrumentos comunitarios como el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI). El objetivo es garantizar la continuidad de la red de acogida y de los programas de atención dirigidos a personas que solicitan protección internacional en España.
La inversión permitirá mantener operativas las diferentes fases del sistema y responder a las necesidades de alojamiento, orientación y apoyo social de los beneficiarios.
Coste por plaza: hasta 150 euros diarios en los casos de mayor vulnerabilidad
La resolución establece distintos importes económicos en función de la fase del itinerario de acogida y de las características de cada usuario.
Durante la fase inicial de valoración y derivación, el coste oscilará entre 51 y 55 euros por plaza y día. Por su parte, las plazas de acogida estándar contarán con una financiación de entre 50 y 58 euros diarios.
En el caso de personas consideradas vulnerables, la cuantía podrá alcanzar los 64 euros al día. Para los perfiles catalogados como de vulnerabilidad reforzada, la financiación prevista se elevará hasta los 150 euros diarios por persona.
Esta última cifra supone un coste aproximado de 4.500 euros mensuales por plaza. Además, la denominada fase de autonomía, orientada a favorecer la integración progresiva fuera de los centros de acogida, tendrá un coste de referencia de 37 euros por persona y día.
El Ejecutivo contempla ampliar la capacidad del sistema si aumentan las llegadas
La normativa también incluye mecanismos de flexibilidad presupuestaria que permitirán incrementar la capacidad del sistema en situaciones excepcionales.
En concreto, se contempla la posibilidad de ampliar hasta un 15% adicional los recursos previstos para responder a un incremento de solicitudes de protección internacional o a posibles crisis migratorias que requieran reforzar la red de acogida.
Esta medida busca garantizar una respuesta rápida ante eventuales aumentos de la demanda sin necesidad de modificar de forma sustancial la planificación presupuestaria inicial.
Entidades sociales y fundaciones gestionarán las plazas financiadas
Las organizaciones autorizadas serán las responsables de prestar servicios como alojamiento, manutención, atención social, acompañamiento y apoyo a la integración de los usuarios del sistema.
Además, las entidades que administren 100 plazas o más deberán reservar al menos un 2% para personas con movilidad reducida. De ese porcentaje, la mitad de las plazas tendrá que estar plenamente adaptada y libre de barreras arquitectónicas.
El modelo de acción concertada refuerza el papel de asociaciones, fundaciones y organizaciones especializadas en la gestión de los programas de acogida, mientras la Administración establece los criterios de financiación y supervisión.
La inversión coincide con un contexto de elevada demanda de servicios públicos
La aprobación de esta partida presupuestaria se produce en un momento marcado por la presión sobre áreas como la vivienda, la sanidad, la educación y las prestaciones sociales.
Mientras el Ejecutivo defiende estas actuaciones como parte de sus compromisos en materia de protección internacional, integración y atención humanitaria, diversos sectores mantienen abierto el debate sobre el coste económico y la sostenibilidad de las políticas migratorias a medio y largo plazo.
Con una dotación superior a los 670 millones de euros para un periodo de doce meses y la posibilidad de ampliar los recursos disponibles en caso de necesidad, el sistema de acogida español continuará desempeñando un papel relevante dentro de la política migratoria y de protección internacional del país.
