La investigación sobre el negocio del alquiler ilegal de viviendas a inmigrantes en Ceuta ha destapado un caso que llama especialmente la atención: uno de los pisos alquilados a personas llegadas durante la invasión del pasado 30 y 31 de julio está vinculado a una trabajadora del consulado español en Marruecos.
Un piso en el centro de Ceuta, con llave propia
El inmueble en cuestión se encuentra en la calle Sol, en pleno centro de la ciudad. Según las alertas trasladadas por las autoridades, se trata de un caso en el que los "inmigrantes entran con llave al domicilio", es decir, disponen de acceso directo y regular a la vivienda, lo que apunta a un arrendamiento estable y no a una ocupación puntual.
Más de 20 expedientes abiertos por toda la ciudad
Este caso no es aislado. Ceuta ha abierto ya más de 20 expedientes por alquileres ilegales a personas llegadas durante la invasión, un fenómeno que se concentra especialmente en barrios de mayoría musulmana, donde numerosos vecinos han optado por alquilar pisos, garajes e incluso salones a los aproximadamente 70.000 inmigrantes que entraron de forma masiva a finales de julio. Las autoridades han documentado además al menos 162 denuncias por construcciones ilegales vinculadas a estos mismos inmuebles.
Hasta 900 euros al mes por un garaje
El negocio, lejos de ser marginal, se ha convertido en una fuente de ingresos considerable para algunos propietarios sin escrúpulos. Los precios documentados oscilan entre 20 y 35 euros diarios por alojamiento, aunque en los casos más extremos se han detectado propietarios que cobran hasta 900 euros mensuales por espacios en condiciones deficientes, como garajes reconvertidos a toda prisa en viviendas improvisadas.
Otro empleado público bajo sospecha
El caso de la trabajadora consular se suma a una lista cada vez más larga de empleados públicos españoles cuya conducta ha quedado bajo sospecha en el marco de la crisis migratoria. No es la primera vez que este medio informa de irregularidades dentro de la Administración vinculadas a la gestión de fronteras: como ya se contó, la Audiencia Nacional ha imputado a varios empleados del consulado español en Argel por una trama de visados, lo que dibuja un patrón preocupante de funcionarios que, en lugar de servir de barrera frente a la inmigración irregular, terminan sacando rédito económico de ella.
Un negocio que crece al calor de la invasión
Mientras el Gobierno sigue buscando plazas de emergencia para alojar a los miles de inmigrantes que continúan sin ubicación fija, una parte de la ciudad ha encontrado en la propia crisis un negocio lucrativo, a menudo al margen de la ley y, en casos como este, aparentemente con la implicación de personas que deberían estar del lado contrario del mostrador.
