Yolanda Díaz se gasta 15.000 euros de dinero público en reforzar la formación en "sostenibilidad, igualdad y diversidad"
El Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, ha destinado 15.000 euros a la elaboración de un estudio centrado en la formación dentro de la negociación colectiva. El documento analiza cómo los convenios colectivos incorporan medidas relacionadas con la sostenibilidad ambiental, la igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad LGTBI, además de otros aspectos tradicionales de la formación laboral.
Bajo el título Formación en la negociación colectiva, el informe fue elaborado para la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, y se publicó en mayo de 2026.
Los investigadores responsables son Óscar Requena Montes, profesor de la Universidad de Valencia, y Sergio Canalda Criado, de la Universidad Pompeu Fabra. El prólogo está firmado por Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla.
El estudio analiza cerca de 400 convenios colectivos
La investigación examina aproximadamente 400 convenios colectivos con el objetivo de identificar qué tipo de acciones formativas contemplan las empresas y los representantes de los trabajadores.
Además de materias habituales como la prevención de riesgos laborales o los contratos formativos, el informe presta especial atención a cuestiones vinculadas con la transición ecológica, la igualdad de oportunidades y la inclusión del colectivo LGTBI en el entorno laboral.
Los delegados ambientales, una figura presente en algunos convenios
Uno de los aspectos destacados del estudio es el análisis de los denominados delegados ambientales, representantes de los trabajadores especializados en cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y el medio ambiente dentro de las empresas.
Aunque esta figura no está recogida de forma general en la legislación laboral española, algunos convenios colectivos ya la contemplan. El informe considera esta experiencia una práctica relevante y plantea que estos representantes reciban formación específica en materia ambiental, financiada por la empresa, además de participar en el diseño de programas de capacitación relacionados con la sostenibilidad.
Los autores sostienen que la transición hacia una economía más sostenible incrementará la demanda de las llamadas competencias verdes, por lo que consideran conveniente reforzar la preparación de trabajadores y representantes en este ámbito.
Medidas de formación orientadas a favorecer la igualdad
El documento también recoge ejemplos de convenios colectivos que incorporan medidas destinadas a fomentar la participación de las mujeres en determinadas acciones formativas.
Entre ellas figuran criterios para garantizar una presencia proporcional de mujeres en sectores donde su representación es menor o mecanismos de prioridad cuando el número de plazas disponibles para cursos de formación resulta limitado.
Según el estudio, estas iniciativas buscan favorecer la igualdad de oportunidades y contribuir a una mayor presencia femenina en profesiones y categorías donde históricamente existe una menor representación.
Formación LGTBI en empresas de más de 50 trabajadores
Otro de los apartados del informe aborda la aplicación de la Ley 4/2023 y del Real Decreto 1026/2024, normativa que establece medidas para garantizar la igualdad y prevenir la discriminación de las personas LGTBI en empresas con más de 50 empleados.
Entre estas actuaciones se incluyen protocolos frente al acoso y programas de formación dirigidos tanto a las personas responsables de los procesos de selección como a directivos, mandos intermedios y responsables de recursos humanos.
El objetivo de estas acciones formativas es promover el cumplimiento de la normativa vigente y prevenir situaciones de discriminación en el ámbito laboral.
Escasa presencia de estas medidas en los convenios colectivos
Como conclusión, el estudio señala que las referencias específicas a estas obligaciones continúan siendo limitadas dentro de los convenios colectivos analizados.
Pese a que la legislación ya establece determinados requisitos para empresas de más de 50 trabajadores, el informe indica que su incorporación expresa en la negociación colectiva todavía es reducida, lo que, según sus autores, refleja un amplio margen de desarrollo en futuras negociaciones entre empresas y representantes de los trabajadores.
