José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido a Hacienda que frene la inspección tributaria abierta contra él, su mujer y sus hijas. Según ha revelado elDiario.es, su defensa alega que la investigación coincide con la causa penal que ya instruye la Audiencia Nacional por el caso de las joyas y el presunto cobro de comisiones irregulares. El expresidente reclama que se declaren nulas las comunicaciones de la Agencia Tributaria.
La cronología no deja mucho margen para la casualidad. Hacienda abrió sus pesquisas en junio de 2026, justo después de que la imputación de Zapatero saltara a la opinión pública. Ahora su abogado pide frenar en seco esa inspección.
Una defensa que pide borrar lo que ya se sabe
Según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa de Zapatero sostiene que continuar con la vía administrativa haría decaer los derechos fundamentales del expresidente. Argumenta que la Constitución obliga a que la investigación penal prevalezca sobre cualquier otra.
El letrado va más allá y acusa a la Agencia Tributaria de actuar de forma caprichosa. Según recoge el medio, sostiene que Hacienda busca en realidad reforzar la imputación penal que ya pesa sobre su cliente.
La petición no se limita a suspender el procedimiento. La defensa exige que las dos comunicaciones de Hacienda queden anuladas y que se paralice cualquier requerimiento de documentación bancaria mientras dure el proceso judicial.
El caso de las joyas que lo empezó todo
Todo arranca con el hallazgo de unas joyas vinculadas a Zapatero, entre ellas un collar valorado en 278.000 euros, según el informe judicial citado por elDiario.es. Ese hallazgo abrió una investigación en la Audiencia Nacional que ahora condiciona todo lo demás.
El juez de instrucción, José Luis Calama, es quien decide si Hacienda debe parar. La semana pasada remitió la comunicación de la Agencia Tributaria a la Fiscalía para que se pronuncie antes de tomar una decisión.
El rescate de Plus Ultra, la aerolínea vinculada a empresarios venezolanos, ya generó polémica en su día por el aval público que recibió pese a las dudas sobre su viabilidad económica. Ahora esa operación vuelve a aparecer en una investigación judicial que roza directamente al expresidente.
Comisiones, consultoras y una empresa familiar
La inspección no se queda en Zapatero. También investiga a su esposa, Sonsoles Espinosa, a sus hijas Alba y Laura Rodríguez, y a un amigo cercano, Julio Martínez, según los documentos citados por elDiario.es. A este último Hacienda le revisa hasta once empresas.
Entre esas sociedades aparece Idella Consulenza, que según la investigación pudo servir para cobrar una presunta comisión irregular ligada al rescate público de Plus Ultra en 2021. La consultora que pagó casi 500.000 euros al propio Zapatero entre 2020 y 2025, Análisis Relevante, no figura entre las empresas bajo inspección de Martínez.
Lo que dice Hacienda y lo que decide el juez
La propia Agencia Tributaria reconoce ante el juez que lo lógico sería suspender sus actuaciones para no solapar ambas investigaciones, aunque recuerda que la decisión final es del magistrado. Mientras tanto, ya se ha asegurado de interrumpir los plazos de prescripción.
La defensa de Zapatero lo llama directamente paradójico: Hacienda admite ante la Audiencia Nacional que debería frenar, pero sigue tramitando el expediente por la vía administrativa. Esa contradicción es la que ahora pretende explotar el expresidente.
El PSOE evita pronunciarse públicamente sobre el caso, mientras la oposición aprovecha cada nuevo capítulo judicial para recordar los años de gobierno de Zapatero y su relación con el dinero una vez dejó el cargo.
La magnitud del expediente da una idea del alcance del caso: renta, patrimonio, sociedades y hasta el impuesto a las grandes fortunas de toda la familia Rodríguez Zapatero puestos bajo la lupa de Hacienda al mismo tiempo.
El futuro de la inspección de Hacienda sobre Zapatero y su entorno queda ahora en manos de la Fiscalía y del juez Calama. Ni el expresidente ni el PSOE han hecho declaraciones públicas más allá del escrito remitido a la Agencia Tributaria.
Lo que sí queda claro es que el caso de las joyas ha abierto una caja que va mucho más allá de un collar: cuentas bancarias, consultoras y comisiones que ahora Hacienda y la Justicia deberán desentrañar.
