La investigación judicial sobre el denominado caso Plus Ultra sigue escalando y ha dado un nuevo giro con la decisión del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, de bloquear parcialmente las cuentas bancarias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La medida cautelar se produce apenas días después de que el magistrado acordara su imputación por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y posible blanqueo de capitales en el marco del rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra.
Según las informaciones publicadas este jueves, el bloqueo no afectaría a la totalidad de los fondos del expresidente, sino únicamente a determinadas cantidades consideradas relevantes para la investigación judicial. El objetivo de esta actuación sería garantizar posibles responsabilidades civiles futuras y evitar movimientos patrimoniales mientras continúa la instrucción del caso.
El auto judicial de Calama describe a Zapatero como el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” orientada a obtener beneficios económicos mediante gestiones ante organismos públicos, principalmente en favor de Plus Ultra. El juez sostiene que entre 2020 y 2025 se habrían canalizado cerca de 1,95 millones de euros a través de diferentes sociedades vinculadas al entorno del expresidente. Parte de esos pagos habrían terminado en empresas relacionadas con familiares directos de Zapatero.
La causa gira alrededor del rescate de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno durante la pandemia a favor de Plus Ultra mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Desde el inicio, la operación estuvo rodeada de polémica política y judicial debido a las dudas sobre la viabilidad real de la aerolínea y la justificación del rescate.
Las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apuntan a la existencia de un entramado empresarial que habría servido para canalizar fondos mediante contratos presuntamente ficticios, consultorías y sociedades instrumentales, algunas de ellas en el extranjero. La investigación también analiza transferencias a Dubái y Panamá, así como pagos realizados a sociedades vinculadas al entorno personal y familiar del expresidente socialista.
Zapatero deberá declarar como investigado el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional. El expresidente ha negado cualquier irregularidad y sostiene que todos los ingresos percibidos corresponden a actividades legítimas de consultoría y asesoramiento internacional.
La noticia ha provocado una fuerte reacción política. El Partido Popular y Vox han reclamado explicaciones al Gobierno y han solicitado nuevas comparecencias parlamentarias relacionadas con el rescate de Plus Ultra. Mientras tanto, desde el PSOE se ha defendido la presunción de inocencia del expresidente y se ha pedido respeto a las decisiones judiciales.
