"Por cada persona a la que se regularice su situación, se suman otras tres, como mínimo, si solicita y se concede una reagrupación" afirman

Los responsables de Extranjería han expresado su preocupación por el impacto que podría tener la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Según estimaciones realizadas por altos mandos policiales, el proceso podría derivar en la legalización de hasta tres millones de personas en España si se tienen en cuenta las futuras solicitudes de reagrupación familiar.

Las solicitudes superan ampliamente las previsiones iniciales

Las cifras actuales reflejan un volumen de peticiones muy superior al previsto por el Ejecutivo. Mientras el Gobierno estimaba inicialmente unos 500.000 posibles beneficiarios, las solicitudes registradas ya rondan los 1,2 millones de personas.

Fuentes de Extranjería consideran que el verdadero impacto de la medida se producirá una vez que los inmigrantes regularizados inicien los trámites para reagrupar a sus familiares directos. Según explican, cada autorización concedida podría dar lugar a la llegada de varios familiares adicionales.

“Por cada persona que obtiene la regularización, podrían incorporarse al menos tres familiares más mediante procedimientos de reagrupación familiar”, señalan fuentes policiales especializadas en materia de inmigración.

Críticas al papel limitado de la Policía Nacional en el proceso

Los responsables policiales también han mostrado su desacuerdo con la gestión administrativa diseñada por el Ejecutivo. Según denuncian, la Policía Nacional ha quedado relegada a un papel secundario en la tramitación de los expedientes, mientras que el procedimiento será gestionado principalmente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Saiz.

De acuerdo con estas fuentes, las brigadas de Extranjería se encargarán principalmente de la documentación final de las autorizaciones aprobadas, reduciendo significativamente su participación en las fases de comprobación y control.

Por su parte, el Ministerio del Interior mantiene que la normativa contempla la intervención policial y recuerda que el procedimiento incluye la elaboración de informes policiales, tal y como establece el Real Decreto correspondiente.

Dudas sobre los controles documentales y los antecedentes penales

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas de Extranjería es la capacidad para verificar correctamente la documentación presentada por los solicitantes.

Los mandos policiales consideran que una menor participación de la Policía en la evaluación de los expedientes podría dificultar la detección de documentos falsificados y la comprobación efectiva de antecedentes penales en los países de origen.

Además, cuestionan si los recursos humanos y técnicos del Ministerio de Migraciones serán suficientes para gestionar un volumen tan elevado de solicitudes en un periodo relativamente corto.

Riesgo de saturación administrativa y presión sobre los servicios públicos

Las previsiones elaboradas por la Policía Nacional apuntaban desde el inicio a una cifra de entre 1,2 y 1,3 millones de solicitudes, muy por encima de las estimaciones iniciales del Gobierno.

Según los responsables consultados, el aumento de personas regularizadas y las posteriores reagrupaciones familiares podrían generar una importante presión sobre la administración pública y distintos servicios esenciales.

Entre las principales preocupaciones destacan el posible incremento de la demanda en sanidad, educación, servicios sociales y vivienda, así como la capacidad de las administraciones para absorber un crecimiento poblacional tan significativo en un corto espacio de tiempo.

Extranjería alerta sobre posibles fraudes en las reagrupaciones familiares

Otro de los puntos señalados por los expertos en inmigración es el riesgo de fraude asociado a los procedimientos de reagrupación familiar.

Según explican, existen precedentes de intentos de acreditar vínculos familiares inexistentes mediante documentación irregular o testimonios falsos. Los investigadores temen que organizaciones dedicadas al fraude documental puedan aprovechar el elevado volumen de expedientes para incrementar este tipo de prácticas.

Las mismas fuentes advierten de que algunas personas podrían intentar obtener beneficios migratorios mediante certificados manipulados o simulando relaciones familiares que no pueden acreditarse legalmente.

Informes policiales ya alertaron sobre un posible “efecto llamada”

La Comisaría General de Extranjería y Fronteras manifestó desde las primeras fases de la reforma sus reservas respecto a la medida. En un informe elaborado por el comisario jefe central de Operaciones, Alfredo García Miravete, se cuestionaba la justificación de urgencia utilizada para impulsar el proceso.

El documento señalaba que la iniciativa legislativa ya había sido planteada con anterioridad y que, por tanto, no respondía a una situación sobrevenida que exigiera una tramitación acelerada.

Asimismo, el informe advertía de posibles consecuencias derivadas de una regularización de gran alcance, entre ellas un incremento de la inmigración irregular por efecto llamada, mayores tensiones sociales y dificultades en la gestión de las fronteras.

Preocupación por la verificación de antecedentes penales

Los expertos también han mostrado inquietud respecto al control de antecedentes penales de los solicitantes.

La normativa prevé que determinadas personas puedan continuar con la tramitación de su expediente mientras la Administración intenta obtener documentación oficial de sus países de origen. Este aspecto ha generado dudas entre los agentes encargados del control migratorio.

Durante los primeros compases del proceso, Extranjería asegura haber detectado numerosos intentos de fraude relacionados con la regularización. Como consecuencia, se emitieron comunicaciones internas destinadas a alertar a los funcionarios sobre irregularidades observadas en diversos expedientes.

Según los especialistas, el desafío principal será garantizar que el proceso se desarrolle con suficientes mecanismos de control y verificación para evitar posibles abusos y asegurar el cumplimiento de la legislación vigente.