El juez José Luis Calama amplía la investigación y autoriza el acceso a cuentas bancarias de Zapatero, su entorno y empresas vinculadas al caso Plus Ultra
La investigación judicial sobre el denominado caso Plus Ultra continúa avanzando con nuevos hallazgos. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha identificado varias sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores el presunto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que carecerían de actividad mercantil real, no cuentan con trabajadores y, sin embargo, habrían registrado movimientos económicos e ingresos de elevada cuantía.
Según la resolución dictada este martes por el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, estos indicios justifican la ampliación de la investigación patrimonial.
El juez ha autorizado a la Policía Nacional, a través de la UDEF y con la colaboración del SEPBLAC, a analizar decenas de cuentas bancarias pertenecientes al expresidente, sus hijas, su secretaria y varias sociedades relacionadas con Julio Martínez para esclarecer el origen y destino de los fondos investigados.
Características de sociedades instrumentales
El informe policial sostiene que varias de estas empresas presentan características propias de sociedades instrumentales. Los investigadores destacan que algunas carecen de empleados, no desarrollan una actividad económica apreciable y, pese a ello, reflejan importantes movimientos financieros, circunstancia que consideran incompatible con una actividad empresarial ordinaria.
Flujos de dinero desde 2020
La investigación pretende determinar si dichas mercantiles pudieron ser utilizadas para canalizar pagos, ocultar fondos o justificar operaciones económicas presuntamente ficticias. Asimismo, la UDEF analiza diversos flujos de dinero registrados desde el año 2020 y las relaciones económicas existentes entre estas sociedades y personas del entorno del expresidente.
Zapatero, que ha rechazado públicamente las acusaciones formuladas en su contra en ocasiones anteriores, mantiene que no ha cometido ninguna irregularidad y defiende la legalidad de su actuación.
No obstante, el instructor considera que los nuevos indicios hacen necesario profundizar en el análisis financiero para verificar si existieron operaciones susceptibles de constituir delitos relacionados con organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o falsedad documental. La investigación permanece abierta y continúa bajo secreto parcial en algunos de sus extremos.
